LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Ángel del Rio Monge. Veterinario. Licenciado en Derecho. Socio AVESA Cataluña
La protección de la salud representa por su importancia, fragilidad y por la gran dificultad que supone su reparación en caso de lesión un bien que en determinados momentos requiere por parte de los poderes públicos la adopción de medidas contundentes, inmediatas y eficaces con la finalidad de neutralizar la aparición de un problema grave que pueda afectar a la salud de los ciudadanos.
Con este objetivo, las medidas cautelares se adoptan como reacción ante determinados riesgos y perturbaciones que puedan dañar la salud pública. Son medidas de coacción administrativa directa motivadas por una situación de urgencia que requieren una rápida actuación.
Esta eficacia y rapidez con que debe adoptarse una medida cautelar implica que su imposición no esté procedimentalizada. El procedimiento exigiría seguir una seria de trámites incompatibles con la urgencia que reclama este tipo de actuaciones. Incluso la previa audiencia de los interesados puede ser excepcionada en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población.
También tenemos que entender su no conceptualización como sanción. Con la imposición de una medida cautelar no se pretende castigar al interesado por su conducta, se trata de neutralizar un riesgo.
Así mismo conviene destacar su provisionalidad, se tienen que mantener el tiempo necesario que exija la situación de riesgo que la justifica. No tienen carácter de permanencia.
El artículo 54 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública establece los diferentes tipos de medidas cautelares que pueden ser adoptadas por la autoridad sanitaria:
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La inmovilización y decomiso de productos y sustancias.
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La intervención de medios materiales y personales.
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El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
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La suspensión del ejercicio de actividades.
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Determinación de condiciones previas y de funcionamientos de industrias, servicios instalaciones o establecimientos.
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Cualquier otra medida si existen riesgos racionales de riesgo para la salud.
Junto a estas medidas que afectan a productos o actividades existen otras cuyos destinatarios son directamente las personas, las cuales se encuentran reguladas en la Ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Ley con rango de orgánica ya que pueden verse afectados los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución española, y que deben ser autorizadas o ratificas por la autoridad judicial.
El hecho que habilita a la autoridad sanitaria a adoptar una de estas medidas es la existencia de un motivo de extraordinaria gravedad y urgencia, presupuesto lógico si pensamos que este tipo de medidas inciden directamente en la esfera patrimonial e incluso íntima de la persona.
Pero la Administración Pública no sólo debe apreciar esta especial gravedad y urgencia sino que está subordinada, al igual que en todas sus actuaciones, al principio de proporcionalidad. Un principio que se desdobla en tres componentes:
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Idoneidad de la medida para pera llegar al objetivo deseado.
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Sunecesidad ya que no existen medidas menos restrictivas que tenga la misma eficacia (es el denominado favor libertatis).
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La proporcionalidad en sentido estricto, es decir, comparar las posibles ventajas sobre el interés general que supone la adopción de la medida y los perjuicios producidos sobre otros bienes y valores en conflicto.
Como conclusión podemos decir que las medidas cautelares impuestas con la finalidad de proteger la Salud Pública son la manifestación más penetrante de la potestad de policía sanitaria que dispone la Administración y donde se expresa con mayor rotundidad su concepción de autoridad. Ahora bien, una potestad que incide tan directamente sobre la esfera patrimonial e íntima de la persona se ha de ejercer con las mayores garantías jurídicas. A la administración sanitaria le corresponde hacer un uso correcto de esta herramienta respetando los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.
